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Ocupación 2.0​, o los efectos de la política legislativa en materia de Ocupación ilegal de fincas

He aquí una muestra más de los (d)efectos de la política legislativa del Parlament respecto al fenómeno de la ocupación de fincas, dirigida a proteger a los ocupantes, más que a sus propietarios.

Hace unos días aparecía en prensa el caso de dos chicas jóvenes que, no pudiendo pagar el alquiler de una vivienda debido a " una vida laboral inestable", (es decir, sin capacidad económica pero con CAPACIDAD para trabajar) decidieron ocupar la finca de cuatro hermanos con discapacidad intelectual, heredada de sus padres.


Si bien no conozco con detalle cómo se ha desarrollado el procedimiento judicial, sí conozco cómo los medios de comunicación informan acerca de los desahucios y lo cierto es que cada día hay más noticias de este tipo que nos causan a todos una absoluta indignación e impotencia.

La realidad es que el número de ocupaciones ilegales va en aumento.

Catalunya tiene el mayor índice de todo el Estado con un 46% del total de las ocupaciones que se realizan. De cada 100 ocupaciones, 46 son en Cataluña.

Ello es consecuencia de diversos factores: de la existencia de más pisos vacíos que en otras comunidades; podría ser también como consecuencia del activismo de Ada Colau y las organizaciones del llamado Tercer Sector, como la PAH, (que no solamente promueven y defienden la ocupación, sino que la practican e instruyen en sus talleres de ocupación); y en última instancia, de la falta de intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad, inimaginable en otros países de la Comunidad Europea como Holanda, Francia o Alemania

En los últimos años se han aprobado en Cataluña una serie de leyes autonómicas (como por ejemplo la 24/2015 y sus modificaciones, o el DL 17/19), a modo de parche para paliar la necesidad de vivienda social de promoción pública. Algunas de ellas ya han sido declaradas inconstitucionales. Otras, pendientes de recurso, lo serán en breve.

El Parlament, aún a sabiendas que son inconstitucionales, las dicta y aprueba sin tener en cuenta el efecto llamada que ello genera.

Si bien es cierto que, sobre el papel, estas leyes restringen su aplicación a los grandes tenedores (entidades bancarias, fondos de inversión o incluso personas físicas con más de 15 propiedades) la realidad es que, al contribuir notablemente a fomentar la ocupación, ello ha colapsado la administración de justicia, perjudicando también el plazo de recuperación de la posesión de fincas de personas físicas.

El Parlament, incapaz de dar cumplimiento al art. 47 de la Constitución con medidas más estudiadas, más reflexionadas y más efectivas, mediante la aprobación de estas leyes traslada a los propietarios la responsabilidad de facilitar en una vivienda a los ocupantes, cuando quizás debería hacerse con medidas que protejan a las personas con riesgo de exclusión residencial a la vez que se protege a los propietarios. Y ello para puedan recuperar la finca de forma inmediata ante determinadas circunstancias.

En el despacho, llevamos años gestionamos grandes carteras de activos de entidades bancarias; pero también fincas de de personas físicas y, si bien es cierto que inicialmente se ocupaban solamente fincas de bancos, ahora también se ocupa de forma indiscriminada fincas de personas físicas.

La ocupación ilegal de viviendas, (y no me refiero al movimiento okupa de los 70), tuvo sus inicios en los primeros años de la década de 2010 debido a que personas en una situación económica muy precaria se vieron forzadas a buscar una solución habitacional tras una Ejecución Hipotecaria. Ello tuvo una rápida respuesta con la Ley 1/2013 que evitaba el lanzamiento de deudores hipotecarios si se cumplían una serie de requisitos económicos.

Sin embargo, durante los últimos años estamos viendo situaciones que nunca antes habíamos visto y de la misma manera, también ha cambiado el perfil del ocupa.

Ahora, debido a la facilidad para ocupar, a las nulas consecuencias de hacerlo y a la falta de intervención de las fuerzas de seguridad, las ocupaciones también las realizan organizaciones criminales para comercializar la venta de llaves a personas cuya situación no está regularizada, a instalar “narcopisos” para el tráfico, cultivo o producción de drogas; también ocupan jóvenes sin recursos que quieren emanciparse y otras que lo hacen como negocio para alquilar habitaciones a terceros.

Y de la misma manera que existen muchos tipos de ocupas, también ha ido evolucionando las formas de entorpecer la recuperación de la posesión por parte del ocupa, cada vez más profesionalizado, y que, lógicamente no voy a detallar.

Hoy en día no resulta extraño que, en un lanzamiento judicial, la comisión judicial se encuentre a los ocupantes con niños en brazos solicitando la suspensión. Una vez suspendido por la existencia de menores y ser requeridos para que aporten el libro de familia, resulta que no eran sus hijos.

Según nos informó una organización del llamado Tercer Sector, pasarse los niños es una práctica habitual.

Hemos visto casos de personas que ocupan más de una finca a la vez. Como por ejemplo el caso de una familia, (según servicios sociales, "en riesgo de exclusión residencial"), que tenía ocupada una vivienda en l'Hospitalet de Llobregat y otra en Arenys de Mar, como segunda residencia.

Es cierto que muchas personas ocupan por necesidad debido a su precaria situación económica y a las que, obviamente el Estado debe proteger facilitándoles una solución habitacional (en forma de VPO). Pero existen muchísimos supuestos de ocupación claramente abusivos que son, en gran parte, una clara consecuencia de la incapacidad del Govern de proponer leyes que realmente funcionen.

El ocupa 2.0 es plenamente conocedor de que lo peor que le podrá pasar, tras la ocupación de una finca, será que lo acaben desahuciando después de un largo procedimiento judicial, respaldado en todo momento por un abogado de oficio que procurará demorar el lanzamiento judicial lo máximo posible, sin fundamentación legal alguna; algo sobre lo que las Audiencias Provinciales de Barcelona y Girona recientemente se han pronunciado, revocando el derecho de asistencia jurídica gratuita por entender que este tipo de actuaciones fueron realizadas con el único objetivo de demorar el procedimiento judicial y constituyendo ello un abuso de dicho derecho.

Y la realidad es que ocupar sale barato. No hay consecuencia alguna para el ocupa.

El 90% de los procedimientos penales, que además de la recuperación de la posesión pretenden la condena del ocupante, acaban en sobreseimiento y los civiles, más efectivos y más rápidos, solamente pretenden recuperar la posesión.

En consecuencia, al ocupa, lo peor que le podrá pasar es que se le obligue a abandonar el inmueble al cabo de 2 años.

Insolvente o no, no deberá abonar suma alguna, a no ser que en lugar de un precario o una acción de derechos reales inscritos se formule una reivindicatoria acumulando, en la acción de recuperar la posesión, la reclamación de una indemnización por la utilización de la finca, a precio de mercado. Algo que trataremos en otro post.

En el mejor de los casos podrá conseguir un alquiler social, que es lo que pretende el Decreto Ley 17/19, Sin embargo, nos preguntamos lo siguiente:

¿Cómo una persona que ha venido ocupando una finca durante tres o cuatro años va a comprender o asumir que, en caso de no pagar la renta, deberá abandonar el inmueble?

En los casos que hemos presentado demanda de desahucio por falta de pago de un alquiler social, el arrendatario no pagó ni la primera renta.

¿Qué va a suceder cuando llegue el lanzamiento? ¿va a pedir el Ayuntamiento al propietario un nuevo y segundo alquiler social?

¿Por qué motivo el arrendatario considerará que, ahora sí, debe cumplir con sus obligaciones si, a la vista de los antecedentes, tiene el pleno convencimiento que no lo van a lanzar?

Como decía anteriormente, lo que está consiguiendo el Govern con este tipo de leyes es el efecto contrario al pretendido, fomentando la ocupación ilegal y la delincuencia y, de seguir en esta dirección, quizás veamos en breve que las personas que dedican grandes esfuerzos a cumplir con sus obligaciones dejen de hacerlo, tras comprobar que no tiene consecuencias.

No cabe duda que el Gobierno y el Govern deben llevar a cabo políticas sociales para garantizar el acceso a la vivienda a personas con riesgo de exclusión residencial, en cumplimiento del art. 47 CE. Pero, al mismo tiempo, se deberían llevar políticas para garantizar que, ante una ocupación ilegal de una finca propiedad de 4 hermanos con discapacidad intelectual estos puedan recuperar la finca de forma inmediata sin tener que esperar 2 años para ello.

Colomer Ventalló - Abogados inmobiliarios

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